Trump en la Casa Blanca: Los problemas legales y la inmunidad presidencial
La inesperada victoria de Donald Trump en las elecciones de 2024 ante la vicepresidenta Kamala Harris le ha otorgado, como mínimo, una pausa estratégica en una serie de casos penales que parecían acorralarlo. Ahora que ha recuperado la Casa Blanca, Trump puede hacer uso de la inmunidad presidencial para frenar o incluso evitar la mayoría de los cargos penales que enfrentaba en los tribunales federales y estatales. Sin embargo, aún persisten una serie de demandas civiles, casos en los que la presidencia no le ofrece la misma protección. La situación plantea una pregunta clave: ¿cuánto pueden cambiar las circunstancias para un presidente electo en términos de responsabilidad legal?
En el terreno penal, los beneficios para Trump parecen claros. Según el exfiscal federal Neama Rahmani, la protección que otorga la presidencia evitará que Trump enfrente una condena mientras esté en el cargo. Los casos en su contra en Washington, D.C., por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020, así como los cargos relacionados con el manejo de documentos clasificados, están prácticamente destinados a archivarse o, al menos, a permanecer en una especie de “limbo legal” durante los próximos cuatro años. Incluso el caso de Georgia, que investiga su presunta interferencia en las elecciones de 2020, se encuentra suspendido mientras Trump busca descalificar a la fiscal Fani Willis, alegando un conflicto de interés.
Por otro lado, el caso de Nueva York, que involucra el pago de dinero a la actriz Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016, destaca como la única excepción penal. Este caso fue el primero en ir a juicio antes de las elecciones, resultando en un veredicto de culpabilidad en mayo pasado, lo que convirtió a Trump en el primer expresidente en ser condenado por cargos penales. Aunque la sentencia podría incluir una pena de cárcel, la mayoría de los expertos considera poco probable que el juez Merchan imponga una sentencia que implique tiempo tras las rejas a un presidente electo. Como lo explicó Rahmani, la logística y el precedente de inmunidad presidencial hacen casi imposible que Trump enfrente tiempo en prisión.
Aun así, la situación es muy distinta en el ámbito de las demandas civiles, donde Trump enfrenta múltiples fallos y multas. En febrero, el juez Arthur Engoron, de Nueva York, dictaminó que Trump debía pagar más de 450 millones de dólares en sanciones tras encontrarlo responsable de fraude empresarial. En este caso, la fiscal general Letitia James acusó a Trump y a sus hijos de inflar de manera deliberada los activos de sus empresas para obtener beneficios financieros y mejorar su imagen pública. Este fallo, que acumula intereses diarios de $111,983, ha incrementado la suma total de su responsabilidad a casi 483 millones de dólares, y sigue aumentando.
En cuanto al impacto de su presidencia en estos casos civiles, los expertos son claros. Stephen Gillers, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York, explica que no existe ningún fundamento legal que permita retrasar los procesos civiles de manera significativa. Aunque los tribunales pueden acomodar su apretada agenda como presidente, no se espera que demoren los procedimientos por cuatro años. Así que, mientras sus abogados apelan la sentencia de Engoron, los procesos civiles avanzarán independientemente de su cargo.
Entre los casos civiles que Trump enfrenta, también se encuentran las demandas de la columnista E. Jean Carroll, quien lo acusó de difamación tras denunciar que Trump la violó en la década de 1990. En dos juicios separados, los tribunales fallaron en su contra, imponiéndole más de 88 millones de dólares en sanciones. Estos fallos, a diferencia de los casos penales, tampoco pueden detenerse con la inmunidad presidencial. Y en estos casos, Trump no tendría que comparecer en persona, por lo que la defensa de estas apelaciones continuará bajo la supervisión de sus abogados sin mayores inconvenientes para su rol presidencial.
El dilema de Trump es único en la historia moderna: su regreso a la Casa Blanca le ofrece protección inmediata ante cargos penales, pero no lo libera de la carga financiera y reputacional que los casos civiles imponen. Como ha ocurrido en otras ocasiones, es probable que intente usar su influencia política para negociar soluciones y reducir las repercusiones de estas demandas, pero aún es incierto hasta dónde llegarán los tribunales civiles en su contra. En este contexto, los próximos cuatro años se perfilan no solo como una continuación de su carrera política, sino como una lucha compleja para equilibrar sus responsabilidades como presidente con los desafíos legales que siguen vigentes.
Así, para quienes observan, el panorama es claro: el retorno de Trump a la presidencia podría ser un respiro en términos legales, pero está lejos de representar un final definitivo para sus complicaciones en los tribunales.
